The Bank of Nova Scotia, supuesto criminal por estafa agravada
The Bank of Nova Scotia vuelve a los Juzgados en Panamá, señalado por delinquir contra familias e inversionistas extranjeros
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The Bank of Nova Scotia vuelve a los Juzgados en Panamá, señalado por delinquir contra familias e inversionistas extranjeros
Todos las miradas estaban puestas sobre el juez de garantías Mike Zúñiga, responsable de la audiencia en el caso Inversiones Decuria contra The Bank of Nova Scotia. Sobre el juez recaía la responsabilidad de representar el Poder Judicial en Panamá y demostrar a la sociedad y a la comunidad internacional que Panamá es un país de derecho, donde se respetan las Instituciones a través de la transparencia y el rigor de las leyes.
Desafortunadamente y según varios expertos consultados, "la audiencia fue una pantomima, un acto judicial orquestrado y disfrazado de legalidad", donde defienden la nulidad de la audiencia según la norma y la constitución.
Según el organismo de Transparencia Internacional, Panamá ocupa el puesto 108 en índice de corrupción (justo por detrás de Kazkhstan) sobre los 180 países reconocidos, donde un 18% de los funcionarios públicos recibieron coimas en los últimos 12 meses.
El juez instructor de la causa, Mike Zúñiga, presidió la audiencia celebrada el pasado 24 de abril en el caso de Inversiones Decuria contra Edgardo Bazan, Juan Sebastian Malagon, Enrique Lopez, Sebastian Fiszman, Nestor Blanco, The Bank Of Nova Scotia y The Bank Of Nova Scotia (Panama), S.A.
El juez incurrió en distintas irregularidades graves. En primer lugar no aceptó la presentación de nuevas pruebas aportadas por la parte querellante sin argumentar o justificar los motivos para tal decisión. El juez al no ser experto en materia bancaria, desconoce el contenido de las pruebas elaboradas y cotejadas por varios expertos.
En segundo lugar y por tal motivo, el juez pudo solicitar una explicación de los peritos expertos que se encontraban en la sala, pero tampoco quiso hacerles intervenir, ignorando la base, los hechos, los motivos y el análisis elaborado por los mismos expertos.
En tercer lugar, el señor Mike Zúñiga violó los derechos constitucionales de la víctima al no permitir que ésta hable y pueda dar sus debidas explicaciones en una audiencia pública. El juez advirtió inicialmente a la víctima que disponía de tres minutos para explicarse. Al cabo de unos pocos minutos de exposición, Zúñiga silenció abruptamente el micrófono del representante de Inversiones Decuria sin permitir que, por alusiones, respondiera a una serie de acusaciones señaladas por parte del abogado representante del banco, Rodolfo Palma, el cual no presentó ninguna prueba al respecto. Con este hecho, Zúñiga acepta las acusaciones sin la presentación de pruebas por parte de Palma y niega las pruebas presentadas de la parte querellante.
Se conoce que recientemente el señor Zúñiga no aprobó una serie de pruebas de carácter académico y psicotécnico realizadas por el Órgano Judicial y se desconoce cual será su futuro próximo en el cargo.
La asignación de jueces por parte del Órgano Judicial para los casos de alto perfil en Panamá sigue preocupando a la comunidad internacional.
La firma foresense Morgan & Morgan ha sido querellada ante el Ministerio Público por la comisión de posibles delitos que según los representantes de Inversiones Decuria, han dañado el honor y la reputación de la empresa, a raíz del conflicto generado por Scotiabank.
Los directivos de Inversiones Decuria acusan a la firma de ejercer presió
La firma foresense Morgan & Morgan ha sido querellada ante el Ministerio Público por la comisión de posibles delitos que según los representantes de Inversiones Decuria, han dañado el honor y la reputación de la empresa, a raíz del conflicto generado por Scotiabank.
Los directivos de Inversiones Decuria acusan a la firma de ejercer presión dentro del Ministerio Público y de divulgar información falsa en sus declaraciones ante la fiscalía para lograr el archivo del caso contra Scotiabank.
Otra maniobra de la firma fue tratar de asociar a un grupo de clientes de Inversiones Decuria afectados por el conflicto para que, junto con el banco, inicien acciones civiles y penales contra la empresa. Presentaron documentos a los clientes donde se caía en calumnia, injuria y falsedad documental. Dichos documentos forman parte de distintas querellas que un grupo de diez clientes afetados presentaron también contra Scotiabank.
Se conoce que todos los expedientes fueron archivados en el Ministerio Público, tales como las carpetillas 201700057373, 201700057382, 201700057378 y 201700059642.
El abogado de Morgan & Morgan, Rodolfo Palma, intervino como representante de Scotiabank en la audiencia del pasado 24 de abril.
El 15 de febrero, Palma negó la representación del principal querellado Enrique López, argumentando que éste ya no laboraba en el banco. Por tal motivo se tuvo que aplazar la audiencia, una maniobra que permitió
El abogado de Morgan & Morgan, Rodolfo Palma, intervino como representante de Scotiabank en la audiencia del pasado 24 de abril.
El 15 de febrero, Palma negó la representación del principal querellado Enrique López, argumentando que éste ya no laboraba en el banco. Por tal motivo se tuvo que aplazar la audiencia, una maniobra que permitió a la firma Morgan & Morgan ganar tiempo y conocer quien iba a ser el juez instructor del caso y los abogados representantes de la parte querellante.
El 24 de abril, Palma sí presenta poder de representación de Enrique López y así evita la deshonra de que López sea representado por un abogado de oficio.
Rodolfo Palma basa su defensa en una serie de acusaciones sin presentar pruebas que, según el equipo legal de Inversiones Decuria, desconoce y contradice todas las pruebas y evidencias presentadas en las acciones legales contra el banco.
Rodolfo Palma se sintió molesto y ofendido por las publicaciones que realiza este equipo de investigación y amenazó frente al juez instructor con la posibilidad de presentar acciones legales al respecto.
La firma ALCOGAL aparece como representante legal de Scotiabank en Panamá. La firma compuesta por sus socios fundadores Aleman, Galindo, Cordero, Galindo y Lee, ha sido querellada por la comisión de posibles delitos frente al Ministerio Público.
Según un comunicado publicado recientemente: "Los abogados de ALCOGAL articularon las artima
La firma ALCOGAL aparece como representante legal de Scotiabank en Panamá. La firma compuesta por sus socios fundadores Aleman, Galindo, Cordero, Galindo y Lee, ha sido querellada por la comisión de posibles delitos frente al Ministerio Público.
Según un comunicado publicado recientemente: "Los abogados de ALCOGAL articularon las artimañas para que la empresa entregara bienes a favor del banco y fueron los mismos ejecutores, tanto de la relación crediticia, como de los acuerdos que fueron firmados e inscritos en Registro Público, a través del fideicomiso de garantías que ellos mismos refrendaron".
Eduardo Gómez y Mario Vlieg fueron los abogados encargados de elaborar y presentar toda la documentación ante el Órgano Judicial y de las comunicaciones con los clientes afectados.
Se puede leer la noticia completa en el siguiente artículo:
El conflicto arranca en el año 2017 y desde entonces, las acciones legales han sido ignoradas en el Ministerio Público, en el Órgano Judicial y en la Superintendencia de Bancos de Panamá
"Engaño y mala fe del banco no solo con Inversiones Decuria sino con las propias autoridades.
La realización de dichas prácticas por parte de los abogados de Scotiabank y el propio banco demuestran la mala fe y la falta de transparencia del banco que va en contra de sus valores y atenta contra los principales principios éticos del negocio," concluye uno de los informes elaborados por la transnacional BRG.
"De lo actuado por el banco (...) se observa que existía una finalidad dolosa de lograr el traspaso de bienes en garantía, mediante un engaño, a fin de finalmente ejecutar el préstamo. Siendo que se denota que la finalidad del Banco nunca fue la de la celebración de un nuevo acuerdo de Préstamo sino la de engañar al prestatario, se observa (...) que existe una intención criminosa (intención fraudulenta).
Definitivamente que en Panamá, el sector bancario constituye uno de los factores reales de poder, por lo que al ser The Bank of Nova Scotia parte de esa fuerza, goza del privilegio de ser ente casi que intocable en la administracion de justicia."
"Inversiones Decuria (...) no gozó de todo el equilibrio procesal del sistema jurídico panameño, lo anterior si valoramos que se dio mora, retraso, dilaciones, faltas de diligencias y falta de argumentación en las resoluciones y trámites para la toma de decisiones dentro de los casos; aunado a que su contraparte The Bank of Nova Scotia, representa dentro de nuestro sistema financiero uno de los bancos más importantes e influyentes del sistema financiero panameño, lo cual podría haber influido en el análisis e interpretación errada de la normativa que se denota con la existencia de irregularidades, tanto en la esfera penal (...) como en materia civil (...)
Todo lo anterior aunado a que actualmente el desprestigio del sistema judicial panameño, acusado de poco transparente y corrupto por muchos juristas panameños entre ellos, ex Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes han acusado al sistema incluso por venta de fallos y no cumplir su rol objetivo de hacer justicia."
"La corrupción del sistema es muy amplia y tus abogados también forman parte del sistema", advertía, la excandidata a la presidencia, a la empresa Inversiones Decuria sobre la firma de abogados Infante y Perez Almillano, en una reunión para analizar el grave conflicto provocado por Scotiabank en Panamá, reunión convocada por la propia firma de abogados que fue contratada inicialmente por la empresa.
Sobre la documentación que debían entregarle para realizar la auditoría final del caso: "No me facilitaron nada. Ya su lectura será solo para tener una idea más completa pero sin poder hacer mucho o nada (...) ¡Trata que tus abogados entiendan que les pagas (en la foma pactada) también para que la preocupación sea de ellos!", escribía Ana Matilde Gómez en privado a los directivos de Inversiones Decuria, el 31 de agosto de 2019.
Berkeley Research Group (BRG por sus siglas en inglés), ha sido una de las principales encargadas de llevar la investigación de este caso. Con más de 40 oficinas, 1300 trabajadores y presencia en los 6 continentes, BRG es una robusta corporación con gran experiencia en litigios e investigaciones, finanzas corporativas y mejora del desempeño y asesoría.
BRG elabora distintos informes analizando el caso desde varias perspectivas. En uno de ellos detalla las dificultades y vulnerabilidades del sistema judicial panameño: "consideramos que la alta corrupción, la baja eficiencia y la falta de capacitación observada en la última década, son lo suficientemente sustanciales como para que Panamá no sea ideal para procedimientos de litigios comerciales complejos, que involucran compensaciones y reclamaciones multimillonarias, especialmente cuando las dimensiones económicas entre las partes son tan significativas."
Rescatamos una de las filtraciones más destacadas de la última década, donde el expresidente Juan Carlos Varela daba las órdenes a la exprocuradora Kenia Porcell sobre cómo gestionar el Ministerio Público, destacando la ausencia de independiencia entre el poder ejecutivo y el poder judicial y atentando contra la constitución y los valores democráticos. Se conoce que Porcell era plenamente conocedora del caso contra Scotiabank y ordenó su archivo a través de su número dos: Rolando Rodríguez.
El Ministerio Público, encabezado por el Lic. Javier Enrique Caraballo Salazar, deberá probar que su nuevo equipo de fiscales representa a una Institución renovada y con la autoridad suficiente como para defender los derechos de la ciudadanía tanto nacional como extranjera, tal y como recoge la constitución panameña. Deberá demostrar su independencia y transparencia tras los escándalos de su predecesora Kenia Porcell, puesta en evidencia tras los varelaleaks: órdenes que recibía por parte del expresidente Juan Carlos Varela, ejerciendo una "justicia" selectiva favoreciendo a las entidades de poder.
El canadiense y primer artífice de la trama Enrique López, fue relegado a encargarse del negocio residual que maneja el banco en Europa desde Reino Unido. Un equipo de directivos de Scotiabank junto con sus reconocidas firmas de abogados, entre ellas Morgan & Morgan o ALCOGAL, han tratado durante todos estos años de tapar los supuestos delitos cometidos por el banco doblegando tanto a los funcionarios del Ministerio Público como del Poder Judicial, usando todo el poder e influencias que cuenta una organización como es The Bank of Nova Scotia.
Decenas de propiedades que fueron embargadas ilegalmente y no pudieron ser escrituradas, falsificación de documentación entregada por parte de Scotiabank, apropiación indebida de bienes de terceros, una ejecución hipotecaria ilegal y temeraria, extorsión, amenezas y decenas de millones de dólares en daños.
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