La corrupción, un mal endémico
Poder Judicial en Panamá
Panamá se está convirtiendo cada vez más en una autocracia, un país sin un verdadero Estado de Derecho ni división de poderes.
Las legislaturas quinquenales sin opción a la reelección se han convertido en una elección "al César", a un "Rey absolutista" que coloca a su discreción a los Responsables del Poder Judicial así como a los Responsables del Ministerio Público. Las filtraciones de los varelaleaks dejaron en evidenciada la dependencia del Ministerio Público sobre la Presidencia de Juan Carlos Varela, en este caso conversaciones privadas entre la Procuradora Kenia Porcell y el ex Presidente, donde Porcell sigue las indicaciones que marca Varela en múltiples casos de investigación de alto perfil. Dichas filtraciones forzaron la renuncia de Porcell que se hizo efectiva el 1 de enero de 2020, presionada por los medios y amenazada por manifestaciones civiles en su contra.
El Poder Legislativo y su Asamblea Nacional quedó más en evidencia que nunca tras el paso por el poder del expresidente Ricardo Martinelli, absuelto y puesto en libertad por el "caso pinchazos" en una de las decisiones más polémicas de la historia del país.
¿Tienen los fiscales una verdadera autoridad e independencia en sus responsabilidades y funciones?
¿Son los Jueces de Garantía, una verdadera garantía para las víctimas de un delito en Panamá?
¿Existe seguridad jurídica para la inversión nacional o extranjera en el país?
Posible corrupción en el Ministerio Público
Diez casos por estafa contra Scotiabank en Panamá paralizados o archivados en la Fiscalía de Investigación y en la Corte Suprema durante más de un año.
¿Es el nuevo Sistema Penal Acusatorio una mejora al Sistema anterior? Deducimos que la presión en los nuevos tiempos que marca el SPA a los fiscales genera una mayor presión sumado al temor inducido por parte de sus Superiores a la hora de proceder a levantar cargos contra grandes corporaciones o figuras de alto perfil. Véase como ejemplo el caso Odebrecht o el caso Martinelli. En cualquiera de los casos, nos preguntaremos sobre la eficacia del Sistema Penal Acusatorio y su verdadera esencia dentro de un Estado de Derecho.
"Panamá es un país hecho por y para los abogados, hay uno por cada 183 panameños, el mayor porcentaje per cápita de Latinoamérica", así lo relataba un medio de comunicación internacional. Las clases sociales tan distanciadas que tanto identifican a la mayoría de países latinoamericanos y el poder aglutinado en unos pocos, no deja diferenciar la relación intrínseca entre las grandes Firmas de abogados y los Gobiernos, hecho que se ha dado desde los tiempos de Omar Torrijos, cuando Eduardo Morgan Jr. fue nombrado Ministro de Justicia por el mismo Torrijos.
Abogados en el Gobierno, Gobernantes que poseen su propia Firma, exmandatarios que se reubican en Firmas de abogados "amigas", Jueces y fiscales que se pretenden a las grandes firmas de abogados, deseosos en participar y formar parte de esa exclusiva clase social a la que todo panameño aspira. A medida que vamos avanzando en nuestra investigación, vemos con más claridad que la corrupción no es un simple problema sistémico en el país, sino que es una forma de vida por parte de los funcionarios públicos en muchas de las Instituciones Públicas y un hecho aceptado por la propia sociedad panameña.
Los políticos hablan y pretenden convertir a Panamá en el "Singapour de las Américas", pero vemos un país mucho más cerca de Latinoamérica con muchos más lazos en común con sus países hermanos y vecinos de la región tal y como hemos evidenciado en esos mismos países.
Conoce a los supuestos implicados en esta supuesta trama de corrupción.